Con un llamado a evitar la tentación de modificar nuestra Carta Magna culminó la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se discutió la aprobación o no de la Prisión Preventiva Oficiosa que nuevamente se postergó para el próximo jueves.
Fue el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán quien afirmó que desde la Constitución de 1917 el Legislativo tuvo la intención de restringir la libertad de los acusados sujetos a juicio. Por lo que llamó al alto tribunal a no ceder a la tentación de modificar la CPEUM.
“Dado que no integro un poder reformador sino analizo la disposición como un juez constitucional no puedo privilegiar preferencias personales o estimaciones respecto a la bondad sabiduría o mérito de la decisión tomada por el poder reformador de la Constitución ni optar porque éstas guíen la determinación judicial en este alto tribunal. La tentación de cruzar esta línea es muy grande a veces incluso parece irresistible no obstante nuestro mandato a resolver conforme a la Constitución tal y como se encuentra ordenado y redactado por ella y no como quisiéramos que estuviera formulada o escrita, por lo menos eso es cumplirla y hacer cumplirla”, sentenció en ministro Pérez Dayán.
Al retomar el análisis de la prisión preventiva oficiosa (PPO) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres ministros se manifestaron a favor de la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales, para invalidar esta medida cautelar, y dos más en contra. El debate continuará el jueves próximo.
Aguilar Morales, expuso su proyecto en donde sostiene que la privación automática de la libertad de una persona acusada de algún delito es contraria a los derechos humanos.
Aunque señaló que no plantea desaparecer la prisión preventiva, sino sujetarla a una decisión del juez de control, luego de una audiencia donde debatan las partes, propuso una interpretación del artículo 19 de la Constitución -donde se avala esta medida cautelar-, de modo que se protejan los derechos humanos de los imputados.
“No estoy en contra de la prisión preventiva, es necesaria y una medida cautelar muchas veces indispensable, no se piensa desaparecerla, no es tema, pero si debe hacer que sea una medida respetuosa de los derechos humanos”, sostuvo.
Dijo que también propone invalidar la inclusión de delitos fiscales, como contrabando, defraudación y tráfico de facturas falsas, como ilícitos contra la seguridad nacional, por lo cual la PPO dejaría de aplicarse sobre los acusados de estos casos.
A esta propuesta se sumaron los ministros Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes sin embargo anunciaron que votarán a favor de los resolutivos, pero con argumentos diferentes.
En contra del proyecto de Aguilar Morales habló la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien señaló que la PPO surge del texto constitucional para combatir los delitos graves, sobre la base de que ningún derecho humano es absoluto.
Advirtió que la SCJN no puede hacer modificaciones a la constitución interpretándola de tal manera que sus disposiciones sean inaplicables en la práctica. Dijo que eso sería como “violar una parte de la Constitución para proteger otra parte”.
Añadió que el texto constitucional no fue combatido en las demandas que llevaron a la SCJN a analizar el tema, y que el único facultado para eliminar la PPO de la Constitución sería el Poder Legislativo.
El debate del tema continuará en la SCJN el jueves próximo.
