Luego de la presentación de la “Radiografía del Plan B: la reforma electoral 2023 a examen”, un análisis de la iniciativa, sus coordinadores, los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJUNAM), María Marván Laborde y Jaime Martín Reyes, señalan que el “Plan B es imposición del poder para el poder” y “un alud de inconstitucionalidades”.
De acuerdo con el análisis compartido en “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Marván señala que “es impresionante la caradura con la que mienten al publico al decir que no se va a despedir a nadie cuando específicamente la Ley exige despidos”. “Me podrán decir que los despidos están justificados, yo creo que no lo están”, “No solo hay un artículo específico para despedir a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE”,
Por lo que afirma “Es una ley que acaba en su razón de ser en el momento en que se despide a Edmundo Jacobo Molina”, “hay la orden expresa de desmantelar el servicio profesional electoral”.
“Es preferible que justifiquen que se va a despedir a alguien”. Pero “no hay manera de entablar una conversación seria”.
Y señala que “el procedimiento legislativo careció de un proceso delegativo, no fue a comisiones y simplemente fue una imposición del poder para el poder”.
Por su parte, Javier Martín Reyes dice que el propósito de la opinión técnica es explicar, por ello “La petición expresa que le hicimos a los autores de esta obra de 24 capitulos fue expliquemos cuáles son los cambios que implica la reforma y luego hagamos una evaluación”. “le pega a la estructura distrital del INE y eso es muy problemático”.
“También hay cambios en la estructura, preocupantes a nivel central”, “se concentran las facultades al interior del INE y siempre la concentración de poder es una mala idea”.
“Limita al INE, OPL y Tribunales Electorales para que puedan sancionar” “es una reforma que desempareja la cancha, permite que los gobiernos gasten más”.
Son 377 páginas a las que invitaron al presidente de la República para conocer los impactos que puede tener la Reforma Electoral.
Marván afirmó, “tenemos que ejercer presión política para que los partidos en la Jucopo hagan un trabajo decente y en pro de la democracia”, en relación con la elección de los nuevos consejeros del INE.
“En la SCJN el trabajo es revisar la constitucionalidad de lo aprobado, tienen que revisar dependiendo de cómo se entablen las acciones de inconstitucionalidad”.
En el Tribunal Electoral si podemos acudir a impugnar la reforma, argumentó Javier; “la primera ya se hizo con el despido de Edmundo Jacobo, la ciudadanía organizada puede acudir a impugnar y pedir la garantía de sus derechos”.
“El Poder Judicial también va a tener un papel fundamental, pero hay que poner buenos argumentos en la mesa”, porque esto “es un alud de inconstitucionalidades”, concluyó
