Luego de que un particular requirió diversos contenidos a Diconsa, entidad que forma parte, junto con Liconsa, de la red de abasto social más grande del país denominada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un órgano descentralizado, cuyo objetivo es que el país alcance la autosuficiencia alimentaria y en respuesta la dependencia reservó la información requerida por cinco años, argumentando que estaba salvaguardando la administración de justicia y la presunción de inocencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó proporcionar versión pública de los contratos celebrados con la empresa Gainmate Comedores Industriales, S.R.L. de C.V., entre el 1 de enero de 2019 y el 17 de octubre de 2022, junto a los anexos y documentos que acrediten los entregables.
De acuerdo con la comisionada de este organismo autónomo, Norma Julieta del Río Venegas, “ningún derecho es absoluto y las autoridades no pueden aludir esta causal de reserva, sin antes llevar a cabo un análisis exhaustivo que permita fundamentar y motivar la negativa”.
Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas expuso que un particular requirió diversos contenidos a Diconsa, entidad que forma parte, junto con Liconsa, de la red de abasto social más grande del país denominada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un órgano descentralizado, cuyo objetivo es que el país alcance la autosuficiencia alimentaria.
Inconforme porque Diconsa reservó la información por cinco años, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, argumentando que se trata de contrataciones realizadas con recursos públicos, por lo que se debe otorgar acceso a los contratos, aun cuando estén bajo investigación.
“Ningún derecho es absoluto y las autoridades no pueden aludir esta causal de reserva sin antes llevar a cabo un análisis exhaustivo que permita fundamentar y motivar la negativa”, enfatizó Del Río Venegas.
En alegatos, la empresa de participación estatal reiteró su respuesta al señalar que los registros de investigación son estrictamente reservados y accesibles solo a las partes, pues está salvaguardando la vida privada, la administración de justicia y la presunción de inocencia.
Al analizar el asunto, la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas advirtió que el sujeto obligado no tiene el carácter de autoridad en las carpetas de investigación, pues es una facultad exclusiva del Ministerio Público de la Federación investigar delitos federales, por lo que no se actualiza la causal de reserva prevista.
