La Constitución de la Ciudad de México tenía previsto que primero se aprobara la Ley de Ordenamiento Territorial que especificara los mecanismos para regular los suelos, transformar usos de suelo, cobros por edificación, etc., que se debía haber aprobado hace tres años, y luego el PGOT, pero “el Congreso de la Ciudad de México no la ha aprobado”, detalló, Armando Rosales.
En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas, recordó que la Constitución de la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad a través de leyes, y propuso el Plan General de Desarrollo (PGD) que está en consulta, al igual que el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Este último garantiza el derecho a la ciudad de manera colectiva el respeto al medio ambiente, los usos del suelo, la función social de éste y regula la transformación de la Ciudad, con vigencia de 15 años.
Asimismo, establece la división del uso de suelo entre urbano, de conservación y rural, y los límites que deben tener, el freno a la expansión urbana, en especial hacia el suelo de conservación y la manera en que se debe utiliza el suelo rural por los pueblos y comunidades asentados en éste.
Recientemente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum propuso freno a la consulta del Programa General de Ordenamiento Territorial, y mientras no se apruebe en la CDMX sigue vigentes los programas de Desarrollo Urbano del entonces DF del 2003 y un Programa de Ordenamiento Ecológico aprobado en 2000, ambos “francamente obsoletos”.
El PGOT unifica dichos instrumentos para regular todo el territorio de la Ciudad de México, lo cual “era lo bueno”.
El PGD y PGOT debían haber entrado en vigor en 2020 y 2021, respectivamente, de acuerdo a la Constitución, sin embargo, los legisladores modificaron un transitorio para su entrada en vigor en octubre de este 2022, pero el plazo tampoco se cumplió
“Los programas de alcaldías y del propio gobierno debían estar sujetos PGD, pero “No tenemos ley, y no tenemos Programa General de Desarrollo”.
“El problema fue la falta de comunicación con la ciudadanía, pese a que la consulta se publicó en la Gaceta de Gobierno el 8 de julio para dar paso a un proceso de seis meses”.
“La crítica de especialista es que no se pueden consultar estos documentos de manera simultánea por que uno depende del otro”.
La inconformidad se dio también entre los comités de ciudadanos y pueblos originarios por la falta de claridad e información entre lo que implicaba la división entre suelo rural y de conservación.
