El depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, cumplirá con 18 meses de prisión preventiva que le dictó el juez supremo Juan Carlos Checkley a petición de la Fiscalía de la Nación.
El juzgador encontró elementos para investigarlo por los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública y como coautor de los delitos de rebelión y conspiración.
Castillo se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre, horas después que en un discurso televisado anunció la disolución del Congreso y señaló que se instalaría un gobierno de emergencia, que gobernaría por decreto y se imponía un toque de queda nacional.
De inmediato se quedó solo. Sus ministros renunciaron en bloque, mientras que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas señalaron que no contaba con su apoyo.
Con este intento de golpe de Estado, Castillo buscó aferrarse al poder pues esta misma tarde el Congreso votaría su destitución por señalamientos de corrupción.
Crisis política
Desde el 7 de diciembre, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió como nueva mandataria, pidiendo una tregua política para restablecer la unidad nacional.
Sin embargo, no se ha podido contener la crisis política que desató Castillo. Sus seguidores llevaron a cabo manifestaciones y protestas en varios puntos del país, con un saldo de al menos 100 heridos, y tomaron carreteras, aeropuertos e instalaciones estratégicas como plantas de gas, para exigir el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte a la presidencia y la liberación de Pedro Castillo.
Debido a ello, este 14 de diciembre el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en todo el país , con lo que se suspenden los derechos de reunión, la inviolabilidad de domicilios y la libertad de tránsito durante los próximos 30 días, sin que se descarte la instalación de un toque de queda.
