El gobierno que se jacta de haber acabado con la corrupción es cómplice de uno de los peores casos de desfalco al erario público, nepotismo y fraude. De acuerdo con las estimaciones más recientes de fuentes oficiales, los desvíos de recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ascienden a 10 mil millones de pesos, mientras que la Estafa Maestra —tan criticada por este Gobierno— fue de 7 mil millones de pesos. No se trata de absolver los delitos terribles de los gobiernos anteriores, sino de entender que el gobierno en el que ya no iba a haber corrupción ha sido el escenario en donde se ha desarrollado una obra inusitada de enriquecimiento ilícito, a costillas de los productos básicos para la base que López Obrador prometió defender.
Las inconsistencias alrededor de esta empresa paraestatal comienzan desde su creación en 2019. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció que Segalmex no acreditó el destino de 3 mil mdp. En 2021, otorgó casi 800 mdp a 6 empresas fantasmas que no entregaron los productos que se les compraron. Ese mismo año se encontraron envíos de alimentos a sobreprecio a Venezuela y más adelante Liconsa reportó haber extraviado estados financieros correspondientes a 5 meses. Al año siguiente, otorgó un contrato por 245 mdp a una empresa sin empleados registrados ante el IMSS. A finales de 2022, la ASF reveló que esta empresa no esclareció el gasto de 8 mil mdp.
López Obrador designó a Ignacio Ovalle al frente de Segalmex, a pesar de que él lideró la Conasupo con Salinas De Gortari, desde donde también tejió una red de corrupción. El Presidente que culpa a administraciones anteriores de las fallas sistémicas del Estado, decide encargar la estrategia de seguridad alimentaria a alguien que ya usó indebidamente recursos públicos para cometer fraude.
Ante confrontaciones en las conferencias mañaneras, el Presidente López Obrador ha defendido a Ovalle, diciendo que es un “buen hombre que fue manipulado por priistas”. Es difícil entender cómo es que esa persona fue manipulada para comprar 73.4 mdp en alimentos, de los cuales sólo se entregaron 60.3 mdp, pero las tiendas sólo vendieron 8.6 mdp en cuatro años. A pesar de que la FGR informó haber obtenido órdenes de aprehensión en contra de 22 personas, sólo 10 han sido vinculadas a proceso. Mientras que Rosario Robles fue sentenciada a prisión inicialmente —ahora está libre, durante el gobierno que acabaría con la impunidad—, los responsables de este escándalo permanecen intactos.
El objetivo manifiesto bajo el cual la 4T creó Segalmex es procurar que la población con menores ingresos tenga acceso a alimentos a precios accesibles e impulsar a los productores nacionales. Es imposible culpar a gobiernos anteriores por el cínico desvío, del propósito original y de los recursos públicos otorgados.
Denunciar estos fraudes no quiere decir que se aminoren los ya ocurridos. Todos deberían ser analizados, discutidos, informados y penalizados bajo los mismos estándares. Encubrir los propios denunciando a los predecesores no solucionará el desfalco más grande: lucrar con los recursos destinados a ayudar a quienes confiaron en ti.
