Este miércoles, las comisiones unidas de Reforma Político Electoral, Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados entregarán a sus integrantes el proyecto de dictamen de la reforma electoral basada en la iniciativa que modifica la Constitución que envió desde abril pasado el presidente López Obrador.
Una vez en manos de los legisladores, deberán correr cinco días para revisar el documento para posteriormente discutirse y en su caso aprobarse en dichas comisiones el 29 de noviembre. Ese mismo día o un día después se analizará en el pleno de San Lázaro.
Debido a que la oposición ya anunció su voto en contra de la propuesta constitucional, Morena prepara un dictamen con reformas a diversas leyes secundarias en materia electoral y que se conoce como el Plan B.
En conferencia de prensa, el morenista Hamlet García explicó que dicho plan alternativos , dijo que se trata de revisar muy bien algunas áreas del INE susceptibles de modificarse en lo administrativo e incidir en hacer más barata la democracia, por lo que se analizan que márgenes de maniobra que tienen para modificar leyes secundarias en materia electoral.
Por ejemplo, que se han encontrado direcciones del INE que duplican tareas como capacitación y organización, así como la renta de instalaciones para módulos de información y expedición de credenciales para votar y que en ese rubro se erogan más de 700 millones de pesos, que bien podrían ahorrarse.
“Desde nuestra perspectiva organización y capacitación son funciones hermanas, podrían actuar sin problema en una sola área del propio instituto. Y estamos avanzando también en el análisis de los rubros en lo que se puede reducir el gasto del instituto, detectamos que hay 700 millones de pesos destinados a la renta de inmuebles, renta de módulos para las credenciales para votar”.
El diputado Hamlet García consideró que esas oficinas podrían ubicarse en bibliotecas o universidades públicas o espacios federales, estatales o municipales, que estén disponibles y que no tengan algún uso partidista y o político y que se podrían utilizar a través de convenios.
“Cuando uno va a los palacios municipales o las unidades administrativas de servicios encuentra uno oficinas para el pago del predial, de la luz, del agua, algunos espacios para contratación de servicios de telefonía y ahí podrían estar también los módulos del INE para reducir ese gasto innecesarios de 700 millones de pesos en módulos”.
El legislador morenista recordó que la oposición votará en contra de la reforma constitucional porque plantea reducir los excesivos recursos para los partidos.
