El Congreso de Puebla aprobó la “Ley Ácida”, con 37 votos a favor y ninguno en contra, en ella, se tipifica como tentativa de feminicidio a los ataques con ácido hacia las mujeres y las penas por este delito irá de los 26 a los 40 años de prisión.
“Aprueba Pleno reformas para tipificar y sancionar la violencia con sustancias químicas que se define como aquel acto que inflige daño no accidental, utilizando ácidos o corrosivos que pueda provocar, o no, lesiones internas o externas y considerarla como tentativa de feminicidio” informa el Congreso de Puebla mediante Twitter.
Esta iniciativa también es conocida como la Ley Malena, en honor a María Elena Ríos, saxofonista, sobreviviente a un ataque con ácido en Oaxaca, que causó daños en su cara, cuello y brazos.
María Elena Ríos, sobreviviente a ataque con ácido
/ Cuarto Oscuro
Las agresiones de esta índole son por odio, señaló María Elena Ríos, así como una de las formas de intentar borrar a la mujer.
“Aunque ha habido legisladores en este Congreso que se opusieron diciendo que la cara no es la parte del cuerpo más importante, pues claro que sí, porque nuestra cara nos permite tener identidad a todos los individuos de nuestra sociedad” declaró la saxofonista.
Con 28 casos en los últimos 20 años, Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en ataques con ácido; 22 de ellas sobrevivieron al ataque.
En las cifras brindadas por Ximena Canseco, historiadora y activista en la Fundación Carmen Sánchez, la mayoría de las mujeres que sufrieron esta violencia tenían entre 20 y 30 años.
La activista puntualizó que el 85% de estas agresiones fueron provocadas por un hombre con quienes las víctimas estaban relacionadas sentimentalmente.
Además de que el 90% de los ataques se realizaron en vía pública y fueron dirigidos a los rostros de las mujeres.
Por esta razón, toma mayor importancia la Ley Ácida, ya que los número reflejan a actual situación de violencia contra las mujeres.
Para sumar a este hecho histórico, también fue aprobada la “Ley Monzón”, que permite que se les retire la patria potestad a los padres acusados de feminicidio contra la madre.
Dicha iniciativa busca proteger a las mujeres por medio de un registro de agresores sexuales, y la asignación de recursos para la atención a las víctimas de violencia de género.
