Con la advertencia de que los mexicanos tendrán que prepararse para “semanas de conflicto” en los comicios del 2024, a partir de la “amputación y grave herida” que se prevé a la estructura del INE y sus implicaciones en la gobernabilidad y la paz, como efecto del Plan B de la Reforma Electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) cerró filas y anunció el inicio de la batalla legal en contra de la enmienda.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, los 11 consejeros acordaron en unanimidad emprender los procedimientos jurídicos en contra de los cambios legislativos que avalaron Morena y sus aliados en el Congreso.
Por ello, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, instruyó formalmente al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, que proceda a la presentación de los recursos jurídicos en contra del Plan B de la Reforma Electoral.
“En atención a lo que todas y todos los consejeros me han solicitado, instruyo al secretario ejecutivo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o en cuanto tengan vigencia, en razón de su potencial desapego a la Constitución”, ordenó Córdova.
Instruyo al secretario ejecutivo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o en cuanto tengan vigencia, en razón de su potencial desapego a la Constitución
Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE
Al cerrar la discusión que se dio durante el debate en torno al diagnóstico que elaboró el INE, con la participación de cada una de sus áreas, sobre el impacto del Plan B, el consejero presidente manifestó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encargue de “salvar a la democracia”.
Alertó que, de prosperar el Plan B, los mexicanos tendrán que prepararse para semanas de conflicto en los comicios del próximo año.
“Si se aplican las disposiciones que dinamitan el servicio profesional electoral, las que recortan los tiempos para la capacitación de quienes cuentan los votos y para la organización de la elección misma, y si se mantienen las disposiciones de la nueva Ley de Comunicación Social, que vulneran el principio constitucional de imparcialidad en el uso de recursos públicos y de equidad en las elecciones, todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”, señaló.
Durante el debate, los consejeros alertaron sobre los “retrocesos”, la “amputación” a la estructura del organismo y la “grave herida” que representa el Plan B para la democracia, por lo que llamaron a la mayoría legislativa a recapacitar.
“Lo que el informe hace patente es el riesgo en el que se colocaría al sistema electoral mexicano, que ha generado estabilidad y paz social, al comprometerse la autonomía del INE, al mermarse indebidamente la estructura territorial de los órganos ejecutivos en las entidades y distritos, al deteriorarse los procedimientos de capacitación y organización electoral que posibilitan la emisión del voto libre y el cómputo efectivo y eficiente de los sufragios, para traducirlos en resultados electorales”, detalló Jacobo Molina, secretario ejecutivo.
Una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas, comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática
Ciro Murayama, Consejero del INE
Agregó que, de acuerdo con el diagnóstico del INE, el Plan B también representa “dar marcha atrás en la representación política de los más desfavorecidos y discriminados, la puesta en predicamento del modelo de fiscalización electoral, la puesta en peligro en la que se colocarían los datos personales de millones de mexicanos, el desconocimiento de los derechos laborales del personal del instituto, así como el quebrantamiento del sistema federal como instrumento de distribución territorial del poder público”.
El consejero Jaime Rivera consideró que la afectación más grave es que la reforma propone la “amputación” de los órganos distritales del INE, de modo que busca suprimir los brazos ejecutores de sus atribuciones.
“Afecta la equidad con la propaganda gubernamental de una manera burdamente favorecedora al Gobierno. Se ofrece manga ancha a los funcionarios públicos para intervenir en las elecciones, es decir, un retroceso de varios años”, señaló.
La consejera Carla Humphrey apuntó que con el Plan B se retrasa una década el que México pueda contar con un voto electrónico, mientras que en lo que se refiere a la violencia política, la reforma no acogió la posibilidad de cancelar las candidaturas de quienes incurran en esta falta.
Señaló que es preocupante que sea una reforma hecha para dañar a la institución y desconociendo todo su funcionamiento, por lo que llamó a los legisladores a que recapaciten.
El consejero Martín Faz dijo que ante el cúmulo de “irregularidades” que traerá la reforma a los procedimientos, se abrirán flancos para la anulación de comicios.
Al tomar la palabra, el consejero Ciro Murayama puntualizó que el informe presentado en el Consejo General deja claro que el denominado Plan B es contrario a la Constitución.
“Una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas, comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora desde arriba, desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática”, manifestó.
La consejera Claudia Zavala señaló que esta reforma promovida desde el Gobierno, afecta el ejercicio pleno de los derechos humanos de los ciudadanos y representa un “atentado” directo en contra de la autoridad electoral.
“Veo una reforma que, tomando como pretexto la austeridad, que es un principio rector en todo nuestro sistema y que por eso se han generado procesos para generar ahorros, desmantela de manera deliberada la estructura nacional técnica operativa, de organización, de capacitación, de comunicación, vigilancia y de arbitraje del INE, que hay que decirlo así, por razones políticas, pues se hace de esta forma, pero que pone en riesgo el cumplimiento de todas las responsabilidades que la Constitución (le mandata)”, aseveró.
En este contexto, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, señaló que lo favorable es que con las acciones de inconstitucionalidad existe la posibilidad de que el Plan B sea corregido por la SCJN.
En el mismo sentido se expresó el representante de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro, quien pidió a los trabajadores del INE que se amparen.
En su turno, el representante de Morena, Mario Llergo, defendió que el Plan B es el resultado de escuchar las demandas del pueblo de México, que exige una democracia más austera, y celebró que “ya falta poco para que quienes han tripulado este consejo y embestido a nuestro Presidente no estén aquí”.
Alertan dos sistemas de cómputo de votos con la Reforma Electoral
De avanzar el Plan B de la Reforma Electoral, al cierre de la elección presidencial se corre el riesgo de que haya confusión en los resultados, pues correrán dos sistemas de conteo: el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los cómputos distritales.
Así lo alerta el Instituto Nacional Electoral (INE), que en su diagnóstico sobre la reforma avalada por la mayoría legislativa y propuesta por el Gobierno federal, señala que al plantear que los cómputos distritales comiencen al cierre de las votaciones, en lugar del miércoles siguiente, como sucede actualmente, habrá dos sistemas simultáneos de resultados.
Establece que esto no significa que se garanticen de mejor forma los resultados ni que se reduzcan costos ni procesos, y sí puede generar impugnaciones electorales posteriores.
De acuerdo con el dictamen legislativo que quedó pendiente de aprobación, pero que ya fue avalado en lo que se refiere a los cambios a la estructura del órgano electoral, se contempla que se cambie el inicio de los cómputos distritales para que éstos inicien tras el cierre de la jornada electoral.
No obstante, no precisa la desaparición del PREP, que actualmente existe como un sistema para contar con resultados previos a los del cómputo distrital, del que surgen los resultados definitivos.
“La reforma plantea que los cómputos distritales (de los que deriva el resultado final y legal de la elección) comiencen el mismo día de la jornada y no hasta el miércoles siguiente, como sucede hoy en día.
“Sin embargo, no elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares, por lo que habría dos sistemas simultáneos de resultados, lo que no reduce costos ni procesos”, observa el diagnóstico elaborado por todas las áreas del INE.
En ese sentido es en el que señala que el hecho de contar con dos sistemas de resultados electorales tras el cierre de los comicios puede traer no sólo confusión, sino que legalmente derivaría en impugnaciones y conflictos respecto a los resultados, por lo que incluso se pediría el recuento de votos.
“Comenzar el cómputo el día de la jornada sin contar con la participación del personal profesional para hacerlo —pues desaparecen los vocales distritales de organización electoral—, podría derivar en múltiples impugnaciones y conflictos en cada sede de cómputo y recuento de votos”, señala.
Este escenario forma parte de las afectaciones a la estructura del órgano electoral, establece el análisis realizado por el INE, que impacta directamente a sus instancias estatales.
Pero no sólo es el instituto el afectado, observa, sino los organismos públicos locales electorales, respecto de los cuales el Plan B de la Reforma Electoral considera modificaciones importantes en su estructura, lo que también va en contra de las legislaciones y constituciones estatales.
Señala que esto también afectará la organización de los comicios locales y, por consiguiente, la emisión de los resultados de los procesos electorales estatales.
“La reforma dispone que sólo contarán, a nivel central, con una estructura máxima dividida en dos áreas: Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Administración, Prerrogativas y Asuntos Jurídicos, con lo cual se desconocen las particularidades locales de cada entidad.
“Por ejemplo, no señala o determina en qué área ejecutiva recaerían las atribuciones sobre la organización o intervención en las elecciones por sistemas normativos internos. Este tipo de elecciones están reconocidas en ocho entidades: Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca (417 municipios) y Tlaxcala”, advierte el INE.
“Consejeros, arribistas y acomodaticios”: AMLO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las advertencias del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la supuesta intromisión que el Gobierno pretende realizar en la lista nominal y el adelgazamiento en la estructura del órgano, a través del Plan B de la Reforma Electoral, porque en su opinión son falsas, y acusó a los consejeros de ser “acomodaticios, arribistas” y de sostener una postura conservadora.
“Yo estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas y que tienen un pensamiento conservador; les molesta lo que hacemos”, acusó el Presidente.
Añadió que los consejeros electorales deben dedicarse a cumplir su deber, aunque se mantengan las diferencias con el Gobierno federal.
“La democracia es que la elección sea limpia y libre, eso es la democracia, y eso es lo que tienen que estar ellos procurando. Pero estos… No nos vamos a entender con ellos; o sea, tienen una formación completamente diferente, les molesta mucho lo nuestro, no están a favor de la transformación, y qué bueno, porque esto demuestra de que hay democracia, no hay pensamiento único”, consideró el mandatario.
Como publicó La Razón, los consejeros electorales realizaron un análisis del llamado Plan B de la Reforma Electoral, el cual tendrá implicaciones en la conformación del listado nominal y la pérdida de certeza para los votantes en el exterior, pero Andrés Manuel López Obrador consideró que se contrarrestará el impacto de ese reporte porque ahora se comparte más información.
“Antes ellos hacían y deshacían. Claro, había oposición, nada más que no se escuchaba mucho lo que decíamos porque nos tenían bloqueados y no había redes”, indicó el mandatario.
Añadió que sus opositores, entre los que incluye a los consejeros electorales, se “autoengañan”, porque no conocen el sentir de los ciudadanos y sólo actúan para un grupo de poder, y muestra de ello es la marcha convocada para el 26 de febrero en defensa del INE.
“Decían que iban a hacer una marcha… No, exageran, sólo que usen esa marcha, pero para defender a García Luna, porque en una de ésas ése es el propósito. Pero, ¿qué le van a defender al INE, si ganaron, si ‘el INE no se toca’? A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca. ¡Ya chole!”, manifestó López Obrador. Criticó que esa falta de cercanía con las decisiones populares se demuestra porque la oposición se negó a reducir el costo de las elecciones. “Pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también con muchísimo dinero. En vez de 500 diputados, estábamos proponiendo 300, quitar a los plurinominales; ellos ganaron porque ‘el INE no se toca’, y van a haber 500; y ellos ganaron también porque nosotros estábamos planteando que sólo existiera un instituto nacional que organizara todas las elecciones, no 32 institutos; ganaron, porque ‘el INE no se toca’. Y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo y eso los lleva a presentar una controversia constitucional. Nada”, enfatizó.
Por ello, anunció que antes de concluir su administración enviará una nueva reforma legislativa para dejar claramente establecido que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente de la República.
“Antes de que yo me vaya -no es amenaza, ni siquiera advertencia; es un compromiso que tengo- voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma al 127 para que quede más claro, porque no debería de proceder el amparo”, advirtió. Sin embargo, reconoció que no hay una fecha definida para presentar la iniciativa.
Ley suma 5 impugnaciones ante Corte
El Plan B de Reforma Electoral ya acumula cinco acciones de inconstitucionalidad, luego de que ayer diputados y senadores de la alianza Va por México presentaron, por separado, dos recursos legales más ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del proyecto que impulsaron las bancadas de Morena y sus aliados.
Los legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como de Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural en el Senado, demandaron la invalidez de las modificaciones hechas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que conforman el primero de dos paquetes del plan que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión y ya se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Los senadores argumentaron que la reforma viola la veda legislativa al promulgarse una ley en materia electoral sin respetar el plazo de 90 días previos al inicio de los procesos electorales, ya que actualmente se encuentran en curso los comicios en el Estado de México y en Coahuila.
Diputados opinaron que no es sólo un “atropello a principios y disposiciones constitucionales”, sino también contraviene al federalismo, la libertad hacendaria de los municipios, por impedir que decidan sobre su presupuesto en materia electoral.
El coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, aseguró que la reforma exhibe violaciones al proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario.
El priista insistió en que durante la aprobación del Plan B se impidió que los diversos partidos analizaran y debatieran sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.
El coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero, señaló que el recurso fue presentado en defensa de las instituciones “que tantos años nos ha costado construir” así como “en contra del autoritarismo del Presidente y funcionarios de su partido”.
Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara baja, advirtió que las reformas podrían derivar en un conflicto postelectoral, por haber sido presentadas con cercanía a las elecciones que se llevarán a cabo este año.
Por ello, el perredista exhortó a la Suprema Corte dar trámite “a la mayor brevedad” a estas acciones de inconstitucionalidad, “toda vez que sería indispensable contar con el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024”.
“Tendríamos de aquí al verano de este mismo año 2023 para que quede resuelto y garantizar un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024. Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”, dijo.
Éstas se tratan de la cuarta y quinta acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Electoral, luego de que el pasado lunes el PAN, PRI y PRD presentaron por separado, y en calidad de partidos políticos, tres recursos del mismo tipo ante el máximo tribunal del país.
