A través de la Procuraduría del menor de Yucatán se están cometiendo delitos graves como la trata de personas, a través de adopciones ilegales, de despojos ilegales de los menores; se han recuperado más de 100 niños de ese lugar y todos estaban de forma ilegal, acusó Dariana Quintal, abogada de Julissa Chu, a quien le quitaron a sus hijos debido a su expresión de género.
En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, en Así el Weso, aseguró que el gobernador Mauricio Vila está al tanto de esta situación pues ella misma ha ido a informarlo a Palacio de Gobierno. Además, señaló que tiene pruebas que incriminan a las tres últimas titulares de esa procuraduría en los delitos de corrupción y tráfico de menores.
“Yo le puedo asegurar que la mayoría de los niños en estos albergues, todos tienen familia que está desesperada por recuperarlos, lo han venido haciendo durante muchísimos años en este lugar”.
El caso de Julissa Chu
Dariana Quintal acusó que el de Julissa Chu, su defendida, es un caso que ejemplifica las prácticas de la Procuraduría del menor, pues a ella le quitaron a sus dos hijos, un niño de 6 años y una niña de meses, porque la trabajadora social señaló una presunción de riesgo de los menores. Sin embargo, en la evaluación los menores no presentan signo alguno de maltrato y ella dio negativo a pruebas toxicológicas.
La situación estaría, en realidad, ligada a la expresión de género de Julissa, quien fue cuestionada al momento de acudir a un hospital en labor de parto:
“La trabajadora social, desde que ve la expresión de género de Julissa, que es muy masculina, empezó a hacer cuestionamientos sobre ¿cómo si le gustan las mujeres es que está embarazada?, ¿dónde está el papá de los niños?, ¿con qué lo vas a mantener, si trabajas de albañil y acabas de parir?
Termina concluyendo que una persona que no sabe ni lo que quiere, a criterio de ella, qué ejemplo le puede dar a sus hijos”.
Y aunque en este caso fue a través de la trabajadora social, la abogada aseguró que una simple llamada anónima puede derivar en el despojo de los menores. Incluso, advirtió que llevar a un niño a Yucatán “es arriesgarse a perderlo”, al señalar que a una persona que fue de visita le quitaron a su hijo y estuvo desaparecido dos meses estando bajo la tutela del estado.
