“A la Corte la Constitución le quedó grande y nos quedó a deber”, consideró el miembro del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, Javier Martín Reyes, luego de la discusión sobre prisión preventiva oficiosa en México.
En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el investigador detalló que ayer se discutió “si se valía meter ciertos delitos fiscales como si fueran delitos contra la seguridad nacional y en contra de la delincuencia organizada… delitos del catálogo cada vez más grande de lo que el presidente llama delitos graves, pero que en realidad son aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.
Con ocho votos a favor, la Corte determinó invalidar esas leyes secundarias por lo que consideró, “la Corte hizo un buen papel.
Sin embargo, sobre los alcances de la prisión preventiva oficiosa, que permite que cualquier persona que cometa un delito se vaya a la cárcel, y que fue ampliamente discutida, sobre todo por la violación a los derechos humanos, no había generado consenso y se buscó “reinterpretar el artículo 19 Constitucional prácticamente para llegar a la misma conclusión, es decir que toda prisión preventiva tiene que estar justificada” y lo que sucedió es que no se juntaron los votos. Un par de ministros incluyendo al ministro presidente Zaldívas votaron en contra
Por ello, “seguiremos teniendo la prisión preventiva oficiosa como automática y que cualquier persona que sea vinculada por cualquier delito se irá directamente a la cárcel, una mala noticia”, no solo para los derechos humanos sino para las personas que hoy están en la cárcel que son presuntos culpables.
Se ganó una batalla con los delitos fiscales, pero se perdió la guerra con una figura que viola los derechos humanos y en el contexto de una codena México por la Corte Interamericana de los derechos humanos, concluyó.
