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Invalidan a testigos protegidos de FGR en juicio de esposa de “El Mencho”

La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un nuevo revés judicial, luego de que un tribunal federal invalidó por irregularidades seis testimonios, de tres testigos protegidos y tres efectivos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en el juicio que se le sigue por el delito de lavado de dinero a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los tres testigos protegidos identificados como: Búho, Barto y Ricardo habrían testificado en relación a las operaciones que vinculaban a Rosalinda González y su hija Jessica Johanna Oseguera con inmuebles y empresas presuntamente financiadas con recursos de procedencia ilícita.

El fallo judicial fue considerado como un revés para la Fiscalía General de la República (FGR), por no acatar los procedimientos legales.

El tropiezo de la FGR obedece a una omisión grave de la propia Fiscalía durante el proceso de investigación relacionada con la causa penal, ya que jamás solicitó a un juez de control una audiencia especial para justificar la reserva de identidad de los tres testigos colaboradores que iban a testificar sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita del CJNG, para adquirir inmuebles y financiar empresas relacionadas con Rosalinda González Valencia.

De igual forma, el propio Tribunal de apelación confirmó la exclusión de otros testigos de la FGR que tienen funciones de Policía Federal Ministerial (PFM) que realizaron labores de vigilancia y seguimiento en el domicilio de la imputada, los cuales observaron el movimiento de personas armadas alrededor de los inmuebles que ocupaba la familia de “El Mencho”, argumentando que los testimonios de los agentes investigadores son “impertinentes” para acreditar la ilicitud de los recursos y la relación de Rosalinda González con el grupo delictivo.

La invalidación de estos seis testigos y documentales con los que ya no cuenta la FGR para sostener su acusación de lavado de dinero, podría derivar en la liberación de la imputada, quien ha solicitado en reiteradas ocasiones la revisión de medidas cautelares a su favor, debido al estado crítico de salud en que se encuentra.

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