El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo mediante el cual el Presidente de la República puede disponer de las Fuerzas Armadas para que intervengan en tareas de Seguridad Pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto se fortalece a la Guardia Nacional (GN).
Con ocho votos a favor y tres en contra, fue aprobado el proyecto elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien propuso declarar infundada la controversia constitucional promovida por la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández.
Los votos en contra fueron emitidos por los ministros Alberto Pérez Dayán —de forma parcial—, Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Dada la votación, la Corte determinó que el acuerdo referido no vulnera el principio de división de poderes y que la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública no es una decisión “unilateral” del titular del Ejecutivo federal, sino que emana directamente de la Constitución.
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— Suprema Corte (@SCJN) November 29, 2022
“Con la emisión del acuerdo impugnado no se trastocó competencia de alguna autoridad, pues únicamente constituye la materialización de una facultad otorgada al titular del Ejecutivo en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, por lo que no existe principio de agravio”, señaló la ministra Ríos Farjat.
Con su posición en contra, el ministro Luis María Aguilar Morales dijo que, aunque no le es ajena ni ignora la inseguridad que enfrenta el país, “que se ha hecho más aguda y compleja, principalmente por la presencia de la delincuencia organizada”, no se definió en qué tareas podrían intervenir las corporaciones federales en complemento a la función de la Guardia Nacional.
“Es importante e indispensable, por disposición constitucional, que se respetaran tales lineamientos, toda vez que, al hacer uso de las Fuerzas Armadas permanentes, que tienen una condición distinta a las de las autoridades policiacas, ello puede generar, incluso, el riesgo del uso excesivo de la fuerza pública”, advirtió.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó que el acuerdo “abre la puerta” a que el Ejército, la Marina y la Fuerza Armada “suplan absolutamente” a la GN en el ejercicio de aquellas facultades.
“El Ejecutivo incumple con los requisitos de que la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en funciones de seguridad pública, sea extraordinaria, subordinada y complementaria. Por lo tanto, escapa de la atribución que le confiere el artículo transitorio quinto de la reforma en materia de Guardia Nacional y violenta el principio de división de poderes. Así pues, me parece que el acuerdo debe de invalidarse”, mencionó.
Al defender el proyecto y el acuerdo, Loretta Ortiz señaló que la reforma que dio paso a éste mismo fue con el acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias.
Tras escuchar posicionamientos, la ministra ponente, Ríos Farjat, subrayó que el asunto no tenía que ver con la preferencia individual sobre la participación de las Fuerzas Armadas y sugirió “no politizar un tema delicado no sólo para el país, sino para la percepción social”.
Organizaciones civiles lamentan fallo de la SCJN
Organizaciones de la sociedad civil lamentaron que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) haya resuelto que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles realizando labores de seguridad pública.
El Centro Prodh señaló en sus redes que la Corte tiene pendientes otros nueve asuntos de primera relevancia sobre la militarización, incluyendo la acción de inconstitucionalidad 62/2019 sobre la Guardia Nacional, por ello, detalló que deben priorizarse y dada su trascendencia, los proyectos deben publicarse antes de la discusión.
“Lamentamos que la SCJN haya validado el acuerdo Presidencial por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para labores de seguridad. Se perdió una oportunidad para que el Poder Judicial actúe como contrapeso ante la militarización en el país”, destacó.
A su vez, la organización México Unido contra la Delincuencia detalló que es deber del Poder Judicial fungir como un verdadero tribunal constitucional que sea un contrapeso que garantice la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos de la población mexicana.
Señaló que, a pesar de que la estrategia de militarización desplegada desde 2006 ha demostrado ser un fracaso, —en tanto no ha disminuido la violencia, la inseguridad ni al crimen organizado y, por el contrario, ha incrementado los homicidios, desapariciones forzadas y quejas por graves violaciones a derechos humanos—, los Poderes Ejecutivo y Legislativo se han encargado de asignar cada vez más poder, funciones, dinero y autonomía a las Fuerzas Armadas, arriesgando su neutralidad y subordinación ante los mandos civiles.
La organización criticó que el ministro presidente de la SCJN realice declaraciones por redes sociales en favor de las mujeres y otros temas, pero que en los hechos “se haga otra cosa” y se contradiga.
