Si hubo irregularidades de la empresa encargada de seguridad en el centro del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue lo que dio a conocer Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Al señalar que la instrucción presidencial es atender a las heridas y afectados por el incendio provocado la noche del lunes 27 de marzo, la funcionaria destacó que se inició el proceso para revocar el contrato del “Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V”, así mismo mencionó que se identificaron a los socios David Vicente Salazar Gasca y George Mcphall Trouyet, así como representantes y apoderados y representantes legales.
Explicó que tras el retiro del permiso se dará servicio de protección federal con 48 elementos, sólo en Chihuahua. La titular de Seguridad Pública aseguró que las investigaciones para esclarecer esta tragedia llegarán hasta donde topen sin importar jerarquías de cualquier funcionario involucrado.
Por su parte, la fiscal de derechos humanos de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías, dijo que sólo falta por cumplimentar una orden de aprehensión de las seis giradas en contra de elementos de seguridad involucrados en estos hechos.
Evitó brindar más detalles debido a que dijo, se quieren tener todas las bases para sustentar las órdenes y respetar el debido proceso mientras la Secretaria, enfatizó que es necesario revisar las estancias para evitar que los hechos se repitan en algún otro lugar y detalló que el gobierno de Estados Unidos ofreció su apoyo para una mayor atención sin embargo dijo que los especialistas recomiendan no mover a las personas internadas para evitar algún riesgo ante la gravedad de su situación.
