Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo que dispone la intervención temporal de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública mientras se consolida la Guardia Nacional, entre otras razones porque no invade las competencias de municipios y Estado actores.
En Así el Weso, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, calificó de desafortunada la decisión ya que la Corte perdió oportunidad de delimitar constitucionalmente la estrategia de seguridad del Gobierno del presidente Andres Manuel López Obrador, pues a pesar de la militarización del país, no se ha logrado dar tregua a la violencia.
En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, detalló que las tres controversias constitucionales promovidas por Colima, por el municipio de Pabellón de Arteaga en Aguascalientes y por el estado de Michoacán, fueron desechadas en un tiempo récord de 20 minutos, y que lascuales, permanecieron durante tres años sin discutir en la Corte.
“Hoy perdimos la oportunidad de que la Corte definiera límites constitucionales a como si se puede usar a la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad publica y como no debe de usarse, y sobre todo como debe ser justamente la participación de las autoridades civiles de esos estados y esos municipios, que son quienes tienen la función de seguridad publica y son quienes tendrían la obligación de conducir estas operaciones, sobre todo de supervisarles y delimitarlas en el tiempo, ponerles una estrategia, mecanismos de evaluación, en fin no se discutió nada de eso”, dijo.
Afirma que la estrategia de seguridad podría reorientarse para dar mejores resultados, luego de que a cuatro años de haber dado la oportunidad de la creación de la Guardia Nacional, se tiene el sexenio más violento con más de 150 mil muertes acumuladas por un fenómeno de violencia letal no controlada.
